Consideraciones sobre la DANA del 29 de octubre de 2024,

Ante todo, desde el Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF), queremos manifestar nuestra máxima solidaridad, afecto y cariño para con todas las personas afectadas por la tragedia que se ha originado a raíz de la reciente DANA acontecida entre finales de octubre y principios de noviembre de 2024. Especialmente con las víctimas y sus familiares, pero también con todas aquellas personas voluntarias, pertenecientes a diferentes ONGs y profesionales de diferentes cuerpos y administraciones del Estado y de la Comunitat Valenciana y otras Comunidades Autónomas también afectadas, que han trabajado y siguen trabajando actualmente en la atención a los damnificados y en recuperar la normalidad lo antes posible. Por todas ellas pensamos que merece la pena aportar nuestro análisis sosegado y científico-técnico a este tipo de situaciones, con el objetivo máximo de contribuir a una mayor capacitación de la población que le permita combatir la desinformación, y de alertar a las administraciones para que situaciones como esta no se repitan con unas consecuencias tan graves en el futuro.

Una DANA intensa, estabilizada en media Península y alimentada por un Mediterráneo recalentado ha generado unas lluvias de gran volumen e intensidad en diferentes territorios, alcanzando valores máximos en el interior de la provincia de Valencia. Desde ahí, los ríos, barrancos y ramblas han hecho su trabajo de evacuar el agua y el sedimento hasta el mar. Y las llanuras inundables han hecho también su trabajo de ensanchar el proceso, disipar su energía y almacenar agua temporalmente. Un proceso natural normal, aunque haya sido con valores extremos, como otros que se produjeron a lo largo de la historia y otros que se producirán. Un proceso natural necesario para el equilibrio planetario y su salud global, para reajustar el equilibrio atmosférico con el equilibrio hidrogeomorfológico terrestre y marino.

Un proceso natural de estas características y de esta magnitud, e incluso mayor, es previsible que se registre en el futuro con mayor frecuencia en la Península, como consecuencia del cambio climático antropogénico que nos ha ido llevando a temperaturas cada vez más elevadas, que no se ha frenado y que nos impulsa a fenómenos extremos cada vez más frecuentes. Esta previsión, avalada por numerosos estudios científicos, requerirá cambios importantes en la actividad y el asentamiento humano, que deberán regirse de forma urgente y creciente por los principios de humildad, prevención y adaptación.

Podríamos aventurar que procesos climáticos extremos como este, están entrando ya en un nuevo terreno/paradigma, más similar al Vulcanismo. Es decir, procesos que no se pueden contener de forma eficaz con infraestructuras y para los que las únicas medidas eficaces ante ellos son retirar de su alcance los asentamientos, y evacuar con rapidez y eficacia a la población que permanezca. Será por tanto muy importante mejorar y profundizar en todo lo relacionado con la prevención, capacitando a la población e incluso desarrollar simulacros en zonas con especial riesgo.

Los daños de la catástrofe son en su totalidad responsabilidad humana, por exposición y vulnerabilidad, en una zona muy urbanizada y no adaptada a los procesos naturales extremos, ni siquiera en condiciones climáticas normales. La propia urbanización impermeabiliza el terreno, sumando lo que llueve in situ a los caudales, y los cimientos y garajes subterráneos que ocupan el aluvial empujan más agua a superficie. Todo esto convierte en sinérgicas los tres tipos de inundaciones habituales: inundaciones pluviales (ocurre cuando un evento de lluvia extrema crea una inundación independientemente de que haya un cuerpo de agua desbordado), inundaciones fluviales (o inundación de río) y freáticas (cuando se produce una subida excepcional del nivel de la capa freática más cercana al suelo).

El arrastre de sedimentos, fruto de una erosión que en ocasiones también se ve incrementada más allá de lo que sería natural por la deforestación o degradación del territorio de la cuenca, unido al arrastre de materia vegetal de especies invasoras como las cañas (Arundo donax), vehículos, enseres, etc., incrementan los volúmenes y la capacidad de generar daños de los flujos de agua.

A su vez, los puentes mal dimensionados, las vías de comunicación y otras infraestructuras instaladas en las llanuras inundables han alterado los flujos y han conducido y agravado el problema hacia zonas concretas. Existen calles, viviendas, residencias de mayores, centros educativos, servicios públicos básicos en áreas de máxima inundabilidad.

Se sabía que esto iba a pasar, porque nuestras poblaciones se han venido desarrollado sin la ordenación territorial y planificación urbanística adecuadas en las últimas décadas, anteponiendo los intereses económicos a la prudencia. Esto podría haber pasado en otros lugares y lamentablemente lo hará en el futuro, pues hoy en día disponemos de herramientas, cartografía de zonas inundables, estudios de riesgos, estudios sobre los efectos del cambio climático, etc., que nos permiten ser muy conscientes de que buena parte de nuestros territorios no están adaptados y son altamente vulnerables, en resumen, se conocen los riesgos.

Hay que considerar que la situación actual de muchos territorios, agravada por el cambio climático y las nuevas infraestructuras que vamos construyendo, nos debería llevar a tener que actualizar la cartografía de los espacios inundables con frecuencia y a reevaluar el riesgo de forma continua; pensemos que la mayor frecuencia e intensidad de los eventos esperables implican:

  • Reducciones claras de los periodos de retorno (número de años que, en términos medios, pasa entre dos presentaciones sucesivas de un determinado suceso 1 )
  • Aumentos en flujos (el caudal volumétrico de agua que pasa por un punto determinado de un río), y calados (altura que alcanza la superficie del agua sobre el fondo)
  • Mayor extensión en cauces y espacios inundables.

Medidas de solución o para paliar los efectos y riesgos:

Afrontar de forma radicalmente diferente la ordenación del territorio y el urbanismo en espacios inundables, reordenando los usos del suelo y dejando la mayor parte de la superficie y del subsuelo para la expansión y la laminación natural de estos procesos extremos, es decir, desocupando todo lo posible las zonas inundables.

  • Fomentar la descanalización y los encauzamientos allá donde sea posible, para dar más espacio a los cauces y reducir así su energía, velocidad y capacidad destructiva, y para poder reconectar los cauces con sus llanuras de inundación, verdaderos recintos naturales de laminación.
  • Proceder a la desurbanización o retirada de construcciones e infraestructuras vulnerables con riesgo para las personas.
  • Adaptar los edificios en zonas inundables que tengan que seguir ahí suprimiendo o inhabilitando plantas sótano y bajas.
  • Redimensionar puentes y otras infraestructuras, y seguir eliminando, con máxima urgencia e intensidad, azudes, barreras, vados y obstáculos innecesarios u obsoletos de todo tipo, que impidan la adecuada función de laminación e infiltración de los cauces.
  • Aplicar sistemas de drenaje urbano sostenible para tener “ciudades esponja”, y mejorar las condiciones en casos de fuertes precipitaciones no asociadas a desbordamientos, ya que reducen la escorrentía pluvial, que es el agua de lluvia no absorbida por la superficie urbana.
  • Olvidarse del hormigón como única solución y de los planes de defensa basados en encauzamientos de los ríos del pasado. Es posible que deban mantenerse o mejorarse algunos tramos encauzados en zonas urbanas consolidadas, pero en ningún caso generalizar esta solución para otras zonas y tramos fluviales donde se ha demostrado que estas soluciones no han hecho más que incrementar los problemas y daños.

1 Es el inverso de la probabilidad de que un suceso ocurra durante un año dado. Así, una avenida de un periodo de retorno de 100 años es aquélla que en un año dado tiene una probabilidad de suceder del 1%.

Debemos optar, en suma, por soluciones inteligentes basadas en la naturaleza, que la imiten, que nos adapten a ella y que se adapten lo mejor posible a cada casuística y territorio.

La geografía, la geología, la ecología, las ciencias ambientales, las ciencias sociales, las ingenierías y la arquitectura cuentan con muchos conocimientos que aportar y deberían intervenir muchísimo más en la toma de decisiones. Tienen que contribuir a una nueva ordenación del territorio, a la devolución a los ríos de su espacio, a una nueva forma de construir y a una nueva forma de vivir en donde prime la salud y el bienestar sobre el capital.

También por ello es preciso y urgente aumentar los sistemas de alerta temprana de crecidas, sobre todo en cuencas de régimen torrencial con muy escasas estaciones de aforo hasta ahora. En esta línea, es imprescindible asociar las alertas meteorológicas a las hidrológicas y generar un mecanismo más rápido para emitir alertas sociales que sean taxativas y contundentes, sin ninguna excepción, e impidan daños personales.

Y en este sentido, debe también avanzarse en la divulgación y concienciación de la población, y en la elaboración de protocolos y simulacros para que todo el mundo sepa lo que hay que hacer. Sin olvidar que, según los criterios de la Directiva de Inundaciones 2007/60/CE y Real Decreto 903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, los municipios catalogados como Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) deben elaborar su Plan de Actuación Municipal correspondiente. Los simulacros permiten validar y ajustar dichos Planes, así como el funcionamiento de sus Sistemas de Alerta Temprana.

La reciente catástrofe acaecida en Valencia, sobre todo, así como en otras zonas de Castilla-La Mancha y Andalucía, es principalmente a consecuencia de priorizar la economía frente a la seguridad y a la salud de las personas, de la creencia de que nuestras capacidades tecnológicas están por encima del devenir de la naturaleza y también, no siempre pero lamentablemente en bastantes ocasiones, de la incompetencia, falta de coordinación y eficacia de las administraciones, todo ello agravado por el cambio climático.

Nuestro reconocimiento y gratitud a los mecanismos de previsión, la AEMET y el SAIH (Sistemas Automáticos de Información Hidrológica gestionado por las Confederación Hidrográficas), por sus certeras y rápidas predicciones, a los servicios de emergencia, protección civil, la UME, fuerzas de seguridad y orden público, así como al voluntariado que, aun cuando redactamos esta nota se dejan la piel en ayudar a las personas y devolver cuanto antes la normalidad a las zonas afectadas. Nuestra reprobación a la irresponsabilidad política que, con dramáticas consecuencias, retrasó y minimizó las alertas, a aquellas empresas que antepusieron la producción y el negocio a la seguridad de sus trabajadores y trabajadoras, a los bulos y a la desinformación y a las batallas políticas que tanto están dificultando y ralentizando la gestión postcatástrofe.

La magnitud de esta catástrofe debe implicar desde ya un punto de inflexión, un antes y un después, que nos obligue a cambiar comportamientos, normativas, protocolos y leyes, a revisar nuestras prioridades de salud ambiental, sociales y económicas (que deberán ser por este orden, nunca al revés) y a modificar, en definitiva, nuestra forma de entender y gestionar el territorio y la prevención de los riesgos. Creemos que, priorizar un modelo económico que integre estos elementos y prioridades garantizará también que la economía y empleos del futuro no dependan de asumir riesgos elevados e innecesarios.

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